Matanza de Chihuío: Una herida abierta en la cordillera

Cuando nuestra mirada desciende desde lo alto,
se nos asoma el verde interminable
del valle de Chihuío.
Este paraje encantado repleto de jilgueros
se ubica en el exacto lugar del éxtasis
y del asombro.
De “La Palabra Azul de los Bosques”, Ramón Quichiyao.



Es difícil pensar que el paradisíaco paisaje que describe el poeta futronino haya llegado a parecerse tanto al infierno. Pero en ese octubre de 1973 la marcha rauda de un convoy militar de jeeps y camiones espantó de golpe a los jilgueros y tiñó de rojo aquel “verde interminable”.

Según consigna el Informe Rettig, el día 9 de ese mes unos 90 efectivos de los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia iniciaron una caravana con destino al sector sur del Complejo Maderero Panguipulli.

Diecisiete campesinos de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono fueron detenidos en sus hogares o trabajos o entregados por los propios carabineros de la zona.

Durante la noche se les llevó a un fundo particular en el sector cordillerano conocido como “Baños de Chihuío”. Antes del amanecer, los cautivos fueron sacados de la casa patronal y ejecutados en las inmediaciones.

“Ellos llevaban listas con los nombres y direcciones, así que no se les hizo difícil pasar a buscar la gente”, relata Irma Vargas, hija de Rubén Vargas, dirigente del sindicato Esperanza del Obrero y uno de los 17 del fatídico listado.

Por esos días ella tenía 23 años y vivía en Futrono. Llevaba cinco años casada con Iván Durán, obrero maderero que igualmente vería su corazón manchado de luto luego de la incursión militar: su primo hermano, Neftalí Durán, también fue sacado de casa para nunca más volver.

De esta forma, la llamada Matanza de Chihuío marcó para siempre al matrimonio Durán Vargas, que en 1981 decidió trasladarse hasta Valdivia, en donde residen hasta hoy, en la población Pablo Neruda.

Hace justo una semana, las penas de cárcel dictadas por el ministro de fuero Alejandro Solís –que lleva otros casos emblemáticos como Villa Grimaldi- en contra de dos ex uniformados trajeron algo de alivio a esta familia.

El magistrado condenó al capitán (r) del Regimiento Cazadores, Luis Osorio Garardazanic, a 15 años de cárcel como autor del secuestro calificado de 16 obreros madereros, además de 3 años por la sustracción de Fernando Mora, también trabajador forestal, de 17 años.

Asimismo, sentenció a 10 años de presidio al sargento de Carabineros (r) Luis Osses Chavarría, por la autoría del secuestro calificado de 4 personas.

Otros implicados, en tanto, fueron absueltos. Se trata de los fallecidos Héctor Bravo Muñoz, ex comandante de la IV División, y del ex comandante del Regimiento Maturana, Jerónimo Pantoja Henríquez; ambos habían sido condenados por la desaparición del militante comunista Pedro Espinoza Barrientos, pero murieron esperando el fallo definitivo de la Corte Suprema. Junto con ellos, también fue absuelto Bruno Obando Cárdenas.

El abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez indicó a este diario que las condenas decretadas por Solís están entre las más altas que se han impuesto en el último tiempo por los jueces especiales, “aunque no hay ninguna pena que pueda compensar la vida”.

Escuetamente, el capitán (r) Luis Osorio negó haber participado en dichas acciones y anunció que su defensa apelará al dictamen.

“NUNCA MÁS SE SUPO…”

“Los trabajadores tenían un sindicato y empezaron a ponerse mal con el jefe del fundo, que no quería aumentarles los precios, después él mismo fue al regimiento a denunciarlos”, dice Irma, tratando de explicar la llegada de los soldados.

Con 56 años, su padre trabajaba como obrero tejuelero en un aserradero cercano a su casa, en Chabranco, sector cordillerano de Futrono. Recién había terminado su jornada y el agua comenzaba a hervir para la once. De improviso, llegaron entre 5 y 6 militares preguntando por él. Rubén Vargas se echó un paquete de cigarros al bolsillo y tomó su sombrero nuevo. “Se despidió y se lo llevaron, nunca más se supo”, señala Irma, con los ojos húmedos y un leve temblor en el mentón.

Desde ese momento se inició un penoso peregrinar para ella y su madre, Ilda Cifuentes, al que también se sumó su esposo.

Iván se había retirado “de arriba” en junio, por el mismo clima de hostilidad que había con los patrones. Su primo hermano Neftalí no siguió sus pasos y continuó trabajando en la montaña, bajando la madera con bueyes hasta el aserradero. Tenía 22 años, hacía poco había salido del Servicio Militar y estaba recién casado. Era uno de los 17 nombres de la lista.

“Los juntaron en un local donde se reunía el sindicato y la gente el día domingo. Ahí los maltrataron, les pegaron y después los llevaron amarrados en un camión para Chihuío”, narra Irma.

Según recuerda, en un punto del camino el barro era tanto que impedía el ascenso de uno de los camiones, por lo que los efectivos obligaron a su hermano mayor a tirar con sus bueyes el vehículo pesado. “Le pegaban a los animales y a mi hermano y lo amenazaban con que si no se apuraba iba a correr la misma suerte de su padre, que iba en ese camión”.

Las mujeres de los detenidos fueron obligadas a permanecer en sus casas, sin noticias sobre lo que estaba ocurriendo con sus maridos. Sólo les quedaba esperar en vigilia el regreso de la caravana, con la esperanza firme de que también en ella vendrían sus seres queridos. Sostenía esta ilusión el hecho de que, aparte de pertenecer a un sindicato, la gente que había partido cordillera arriba nunca tuvo problemas con la justicia, no eran “revoltosos” –como dice Iván- y la mayoría no tenía militancia política.

“Preguntaban por armas, pero ellos nunca usaron armas”, añade Irma.

Claro que el retorno de los vehículos fue más amargo que la partida cerro arriba.

“CUESTE LO QUE CUESTE”

“Un par de días después bajaron algunos militares en los camiones y las viudas salían al camino a preguntar por sus esposos. Ellos se burlaban y les decían que venían en el camión de atrás y así, hasta que no quedó ningún camión más. Después los últimos decían que en realidad los detenidos habían pasado en los primeros camiones”, afirma.

Así, tras caminar varios kilómetros para tomar locomoción, algunas mujeres viajaron a Futrono en busca de alguna pista.

Acompañada por la esposa de Neftalí Durán, Ilda Cifuentes llegó a casa de su hija. “Se perdió tu papá, se lo llevaron los militares”, fue lo único que las lágrimas dejaron que Ilda pronunciara.

“Salimos a averiguar por ahí y algunos me dijeron que a mi papá lo tenían muerto allá arriba”. El tiempo terminaría por comprobar que el rumor que llegaba a los oídos de Irma era verdadero.

“Al día siguiente, esto es, el 10 de octubre de 1973, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en los restos”. Este crudo párrafo del Informe Rettig grafica la dimensión de la herida abierta en Chihuío, la que según Irma sólo cicatrizará el día que encuentren los restos de los ejecutados.

“Nunca dejes de buscar a tu padre, lo que yo no pude hacer hazlo tú…”, recuerda que fueron las últimas palabras que le dijo su madre antes de morir, el año 2001.

“Esto me marcó profundamente y a mis nueve hermanos también, y a toda la
gente de la zona, todos nos conocíamos y éramos como hermanos”.

Irma e Iván se muestran aliviados por lo que ha hecho el ministro Alejandro Solís, pero insisten en el tema de los cuerpos.

“Vinieron dirigentes de Santiago y nos dijeron que los habían tirado al mar, pero eso nunca lo voy a aceptar, porque sé que todavía están arriba en Chihuío”.

Hace un año la doliente estuvo en el sector y cuenta que su corazón se estremeció con la sensación de que su padre estaba cerca.

“Mi idea es seguir adelante, sea como sea, cueste lo que cueste, hasta encontrar sus
huesitos”, concluye Irma, casi ahogada por un nudo en su garganta.

RECUADROS


DESTINO INCIERTO

Como explica el abogado de derechos humanos de Valdivia, Vladimir Riesco,
dentro de la provincia el grueso de las desapariciones masivas de personas se
concentró en el marco de los operativos realizados por el Ejército en el Complejo
Maderero Panguipulli, en cuya ala sur ocurrieron los hechos de Chihuío. Aquí, el destino final de los cuerpos sigue siendo incierto.

“El paradero definitivo de las víctimas permanece en el misterio y por tanto en este caso nos encontramos claramente frente a una violación a los derechos humanos que se enmarca en la figura del secuestro, como delito de ejecución permanente”, sostiene Riesco.

Además, explica que dada la forma del operativo, aunque se acreditaran las muertes de estos desaparecidos, esto también queda cubierto por los convenios de Ginebra. “Se trata de un crimen de guerra, un delito imprescriptible e inamnistiable”, añade.

El Informe Rettig señala que los cadáveres de los obreros estuvieron en el sitio
de su ejecución durante varios días, cubiertos con ramas y troncos. Dos semanas más tarde fueron enterrados por efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones.

Cinco años después, entre fines de 1978 y principios de 1979, un número no
determinado de civiles llegó hasta el Fundo Chihuío y exigió al dueño que les
indicara el lugar en donde se habían depositado los cuerpos. Los visitantes
excavaron toda la noche y trasladaron los restos a un lugar que aún se
desconoce.

“Esta fue una operación dirigida desde el más alto nivel central, desde el gobierno de la época y operada a través del Ejército”, señala Riesco sobre este punto.

Posteriormente, en 1990, se designa como ministro en visita a Nibaldo Segura, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, para llevar el caso. Así, en el marco del proceso Rol 13.094, el magistrado se constituyó en los Baños de Chihuío y estableció que efectivamente existían fragmentos óseos, vestigios de la remoción de los restos.

Éstos fueron entregados a los deudos de los 17 ejecutados, quienes los enterraron simbólicamente en el cementerio de Valdivia.

En cuanto a la ubicación de la mayor parte de los restos, existen diversas hipótesis, que van desde que los cadáveres fueron finalmente lanzados al mar o que incluso estarían en Lago Ranco.

LA LISTA DOLOROSA

Junto con Rubén Vargas Quezada y Neftalí Durán Zúñiga, las víctimas de Chihuío son las siguientes:
Carlos Acuña Inostroza, 46 años, obrero maderero; José Barriga Soto, 32 años, herrero, dirigente campesino; José Cortés Díaz, 35 años, obrero maderero,miembro del Sindicato «Esperanza del Obrero»; Luis Ferrada Sandoval, 42 años, obrero agrícola; Eliecer Freire Caamaño, 20 años, obrero maderero; Narciso García Cancino, 31 años, obrero, dirigente campesino; Juan González Delgado, 31 años, empleado administrativo, dirigente campesino; Daniel Mendéz Méndez, 42 años, obrero maderero, dirigente campesino, Fernando Mora Gutiérrez, 17 años, obrero maderero; Sebastián Mora Osses, 47 años, obrero maderero, dirigente campesino; Pedro Pedreros Ferreira, 48 años, obrero, Jefe de Predios; Rosendo Rebolledo Méndez, 40 años, dirigente sindical; Ricardo Ruíz Rodríguez, 24 años, Jefe de Fábricas, militante socialista; Carlos Salinas Flores, 21 años, radio operador; Manuel Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero.


(ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA EN JULIO DE 2005)